La crisis política de Perú continúa mientras la pandemia golpea con fuerza y la economía se contrae

La profundización de la crisis política en Perú continuó el 15 de noviembre con la renuncia del presidente Manuel Merino, luego de que el fiscal del estado presentara cargos de abusos contra los derechos humanos en su contra apenas cinco días después de que asumiera el cargo. Merino había sido elevado a la presidencia el 10 de noviembre después de que el Congreso (el poder legislativo) votara a favor de la destitución de su predecesor Martín Vizcarra por dudosas acusaciones de corrupción.

Tras la repentina salida de Merino, el 16 de noviembre el Congreso nombró al veterano legislador centrista Francisco Sagasti como presidente interino en un intento de restaurar cierta estabilidad política y social en un país sumido en una profunda crisis económica como consecuencia de la pandemia de Covid-19. Salvo sorpresa, Sagasti ejercerá las funciones de la presidencia hasta julio de 2021, cuando un nuevo presidente asumirá el cargo tras las elecciones presidenciales previstas en abril.

Los inversores esperarán que las credenciales de Sagasti como antiguo funcionario del Banco Mundial y su voluntad de construir un consenso político tranquilicen a los mercados mientras el gobierno busca evitar los peores efectos de una contracción de la economía estimada en el 14% para 2020. Esta recesión marca un cambio profundo en la suerte económica de Perú. Antes de que golpeara la pandemia, Perú tenía una de las tasas de crecimiento más altas de América Latina, impulsada por sectores tradicionalmente fuertes que habían liderado el crecimiento económico como la minería y la agricultura.

Sin embargo, el impacto de la pandemia ha sido devastador. Con una grave escasez de equipos de protección personal (EPP) y solo alrededor de 1,000 camas de hospital de cuidados intensivos, Perú continúa luchando para hacer frente a la peor crisis de salud pública que ha enfrentado en su historia reciente. En este sentido, las cifras oficiales sugieren que Perú tiene la tasa de mortalidad per cápita por Covid-19 más alta del mundo con un número total de infecciones solo superado en América Latina por Brasil y México.

Restaurar la estabilidad política a largo plazo será una tarea difícil para Sagasti. Aparte de los efectos negativos de la pandemia, el país se encuentra inmerso en un nuevo episodio de una profunda crisis política y social que comenzó en 2017 con la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski, ligado al sector empresarial del país. PPK, como se le conoce en el país, fue arrestado en la red regional de sobornos operada por la constructora brasileña Odebrecht (un escándalo que también se cree que llevó al suicidio del ex – presidente Alan García en abril de 2017, poco antes de que estuviera a punto de ser arrestado por cargos de corrupción).

La política peruana sigue paralizada entre un Congreso de corte populista y un ejecutivo que lucha por superar la pandemia mientras enfrentas problemas crónicos como un presupuesto de seguro social de salud difícilmente sostenible en el tiempo o la continua erosión de la autoridad estatal en algunas partes del país donde existe una fuerte presencia de los carteles de la droga y del crimen organizado. Además, el Congreso, que está compuesto por nueve partidos lo que dificulta las mayorías parlamentarias, está tratando de introducir reformas legislativas que los economistas temen pueda empeorar la actual crisis económica, entre ellas flexibilizar las reglas sobre el acceso a las pensiones. Todo ello sin olvidar que el procedimiento parlamentario peruano dota al Congreso de fuertes poderes para destituir al presidente a través de la moción de vacancia por incapacidad moral. Lo cual puede entorpecer la presidencia interina de Sagasti si continúa la campaña anticorrupción contra Vizcarra.

En los últimos años, el Congreso ha instrumentalizado las acusaciones de corrupción como herramienta en su lucha contra el ejecutivo. Ciertamente, existen interrogantes en torno a la legitimidad de los cargos de corrupción que se han presentado contra Vizcarra. Sin embargo, Perú es un país acostumbrado a los abusos gubernamentales, como demuestra los numerosos casos de corrupción que socavaron la credibilidad de las presidencias de Alberto Fujimori (1990 – 2000), Alejandro Toledo (2001 – 2006) y Alan García (2006 – 2011). Los legisladores de corte populista parecen estar dispuestos a aprovecharse del hartazgo de buena parte de la población para promover sus fines políticos, sin que parezca importen demasiado los elementos que sustancian las acusaciones de corrupción.

Es de esperar que el Congreso otorgue a Sagasti cierto margen de maniobra para cerrar el último episodio del prolongado drama político peruano hasta la llegada de las elecciones de abril. Por el momento, Sagasti deberá centrarse en luchar contra la pandemia, aunque con recursos limitados. Para hacerlo con éxito, tendrá que enfrentarse a una fuerte tendencia populista en América Latina, tanto de izquierdas como de derechas, que ha tenido consecuencias desastrosas en la gestión de la pandemia como demuestran los casos de Brasil y México.

By Paul Doran, Director of Investigations at Aperio Intelligence

paul.doran@aperio-intelligence.com